El Gobierno de Donald Trump está desarrollando una VPN financiada con dinero público estadounidense que permitiría a ciudadanos europeos navegar como si estuvieran en Estados Unidos y, en la práctica, saltarse restricciones digitales impuestas por sus propios países.
Según adelantó Reuters, el Departamento de Estado trabaja en un portal llamado Freedom.gov, que incluirá una función de red privada virtual (VPN) para disfrazar la dirección IP del usuario y hacer que su tráfico parezca originarse en territorio estadounidense.
El dominio —con extensión .gov, reservada a entidades oficiales de EEUU— fue registrado el 12 de enero por la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). La web ya está activa, aunque la herramienta todavía no funciona. Por ahora solo muestra un mensaje en español: «La información es poder. Reclama tu derecho humano a la libertad de expresión. Prepárate.»
¿Qué es Freedom.gov y cómo funcionaría?
El concepto es simple: una VPN tradicional, pero gestionada por el Gobierno estadounidense. Al conectarte, tu tráfico pasaría por servidores en EEUU, haciendo que cualquier web detecte tu conexión como si viniera de allí.
En la práctica: acceso a contenidos bloqueados o restringidos en tu país.
Detrás del proyecto está Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para la diplomacia pública y una de las voces más críticas con la regulación digital europea. El diseño del portal lo lidera Edward Coristine, exintegrante del Department of Government Efficiency (DOGE) vinculado a Elon Musk, ahora encargado de modernizar webs federales.
Desde el Departamento de Estado aseguran que la plataforma no almacenará registros de actividad. Pero esa promesa plantea más preguntas que certezas.
Una VPN gubernamental no es anonimato
Conviene aclararlo: una VPN no te hace invisible. Solo cambia quién puede ver tu tráfico.
Si utilizas Freedom.gov, tu navegación dejaría de estar expuesta a tu proveedor local… pero pasaría a depender de servidores bajo jurisdicción estadounidense. Es decir, Washington tendría capacidad técnica para acceder a tu historial de navegación, búsquedas y descargas.
El antecedente es conocido. El programa PRISM, revelado por Edward Snowden, demostró que la NSA recopiló datos de millones de europeos durante años. La historia invita a cierto escepticismo ante promesas de “cero registros” sin auditorías independientes.
Además, ningún organismo europeo podría verificar cómo se gestionan esos datos. Estarías cambiando un vigilante por otro, fuera del alcance legal de tu propio país.
Si lo que buscas es privacidad de verdad, tiene que venir de fuera de cualquier gobierno. NordVPN tiene una política de cero registros auditada de forma externa, servidores en más de 110 países y ningún vínculo con administración pública alguna. Es lo que marca la diferencia.
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España no aparece por casualidad en el debate. El presidente Pedro Sánchez ha intensificado la presión sobre grandes plataformas digitales y ha planteado nuevas restricciones en redes sociales.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha aplicado sanciones a tecnológicas bajo el marco del DSA y el DMA. La red social X —propiedad de Elon Musk— fue multada con 120 millones de euros en diciembre de 2025.
Si Freedom.gov se activa, cualquier ciudadano europeo podría usarla para acceder a contenidos que hayan sido retirados por orden judicial en su país. Para muchos, eso supone un debate legítimo sobre libertad de expresión. Para otros, es una forma de injerencia digital.
¿Defensa de derechos o interferencia política?
Kenneth Propp, exdiplomático estadounidense citado por Reuters, advirtió que Freedom.gov será percibido en Europa como un intento de contrarrestar leyes nacionales.
Desde la óptica estadounidense, limitar el discurso en internet puede interpretarse como censura. Pero trasladar esa visión a otros países, financiando herramientas para eludir su marco legal, abre un terreno diplomático complejo.
El proyecto estaba previsto para presentarse en la Conferencia de Seguridad de Múnich a mediados de febrero, pero se retrasó. Según Reuters, incluso dentro del Departamento de Estado existen dudas jurídicas sobre sus implicaciones.
La web está online. El mensaje está publicado. La herramienta aún no funciona.
La pregunta ahora no es si técnicamente pueden lanzarla, sino qué ocurrirá cuando lo hagan — y cómo responderá Bruselas.